Según Carlos Gómez Gil, portavoz de la plataforma, este megaplan urbanístico (que prevé 16.000 viviendas, 8.000 de ellas de VPO), «debe pasar muchos trámites administrativos e informes desfavorables de ministerios». Y subrayó que antes de construirse las casas se debe urbanizar el barrio.
«Lo peor es que a toda esa gente que se apuntó, dentro de seis años le va a salir más caro comprarse una vivienda, con la subida de precio», concluyó Gómez.
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